Tribunal Constitucional rechaza incorporar a Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado

El Tribunal Constitucional (TC) decidirá el próximo 29 de octubre si admite o no la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, contra el Poder Ejecutivo en busca de dejar sin efecto la disolución del Congreso.

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El pleno del Tribunal Constitucional rechazó la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como miembro del organismo constitucional.

Los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña, Ernesto Blume, Carlos Ramos Núñez y Manuel Miranda votaron en contra de la incorporación de Ortiz de Zevallos como nuevo tribuno.

Mientras que José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron a favor del ingreso del citado abogado al TC.

El TC señaló que el próximo Congreso debe resolver las impugnaciones sobre la votación de Ortiz de Zevallos para ser integrante del tribunal, del último 30 de setiembre, presentadas por algunos exparlamentarios que reclaman que el procedimiento de elección del citado abogado no está terminado.

DEMANDA COMPETENCIAL

El TC también designó al magistrado Carlos Ramos Núñez ponente para analizar si la demanda competencial de Pedro Olaechea por la disolución del Congreso es admitida o no.

Ramos deberá presentar un escrito con sus recomendaciones al pleno del tribunal, en una próxima sesión convocada para el martes 29 de octubre.

NO HAY UN CONFLICTO DE COMPETENCIAS

El constitucionalista César Landa sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea es un reconocimiento implícito de que no existe un conflicto de competencias entre Ejecutivo y Legislativo sobre la disolución constitucional del Parlamento.

“Implícitamente hay un rechazo, diría yo, a un pedido de conflicto de competencias que pretende con una medida cautelar anular la disolución del Congreso del 30 de setiembre”, declaró a Canal N.

Refirió que el TC ha señalado que la elección de Ortiz de Zevallos es fallida porque el proceso parlamentario no ha culminado y las impugnaciones deben ser solucionadas por el Congreso que se instalará tras las elecciones del 26 de enero.

Landa dijo que con resolución el máximo órgano de interpretación de la Constitución está señalando que las elecciones parlamentarias se van a realizar y que la disolución del Congreso es conforme, “en la medida en que sí le asigna una tarea al nuevo Parlamento”.

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