POR: ABG. MIGUEL PLATERO HUANCA
La semana que pasó, en sesión de Consejo de la Municipalidad Provincial de Ilo y con el voto dirimente del señor Alcalde provincial, se decidió suspender el proceso del Presupuesto Participativo. En declaraciones a medios, el Alcalde calificó el hecho como una “decisión práctica”, decisión que justificó en dos razones: la suspensión que dispone el Decreto de Urgencia N° 057-2020 dada por el gobierno central y la falta de tiempo y tecnología para hacerlo de forma virtual. Consideramos necesario analizar esta situación, pues de todo lo que tenemos que enorgullecernos los ileños es el haber sido los iniciadores de una nueva experiencia democrática, hasta convertirnos en un referente nacional del Presupuesto Participativo.
Lo que explica el señor Alcalde, es cierto, el mencionado Decreto de Urgencia establece la suspensión del presupuesto participativo por el periodo 2020, Sin embargo, dicha disposición tiene carácter excepcional, pues fue dado en un contexto de Estado de emergencia a nivel nacional y con la finalidad de evitar el incremento de contagio del coronavirus. No obstante, la misma norma establece también que puede realizarse el presupuesto participativo utilizando mecanismos de tecnología digital, para garantizar la intervención de los agentes participantes.
Al gobierno central, en uso de su potestad normativa, sólo le hubiera bastado disponer la suspensión del presupuesto participativo y no habría inconvenientes, pero cuando además dispone la realización del mismo de manera virtual, lo que está haciendo, simplemente es reconocer la importancia de este mecanismo de participación para la sociedad y la institucionalidad democrática. En tal sentido, la norma presenta dos opciones: una decisión excepcional que no es lo normal sino más bien una anormalidad como es la suspensión y otra decisión ordinaria o normal como es la realización del presupuesto participativo. Corresponde entonces al Alcalde o Regidores tomar la decisión que conviene a los intereses de la población a la cual se deben.
Respecto al tiempo y la tecnología, podemos decir que el Decreto de Urgencia en cuestión, fue publicado el 19 de mayo de 2020, tiempo suficiente para poder implementar la logística y la práctica participativa virtual. Todo dependía de la oportunidad y voluntad democrática. Si no se hizo por descuido, los errores de la Administración Pública no se pueden cargar a los administrados, perjudicándolos en sus derechos.
La premura del tiempo y la disponibilidad tecnológica deben enfrentarse con capacidad de gestión. No es posible decir que hay dificultades para reunirse a nivel del equipo técnico, tampoco podemos minimizar la capacidad de los representantes de la sociedad civil, pues no estamos hablando de una Municipalidad distrital en zona rural o altoandina, donde posiblemente la tecnología efectivamente sea un problema. Estamos más bien frente a una Municipalidad Provincial en plena zona urbana, donde para cualquier institución pública la tecnología no es un problema, al contrario, es un apoyo para gestionar las decisiones. Cualquier justificación al respecto, solo podría en duda la actitud democrática de una autoridad.
El Presupuesto participativo como mecanismo de asignación presupuestal tiene por finalidad “recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios…” (artículo 3, Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056). Resalto la frase “aspiraciones y necesidades de la sociedad”, porque luego de la pandemia, básicamente el próximo año 2021, lo que se nos viene es una situación muy difícil para todas las familias. Como dice el dicho “el zapatero hace el zapato, pero el que se lo pone sabe por dónde le aprieta”. Cualquier buena intención del equipo técnico que, según declaraciones del señor Alcalde, se encargará de hacer la asignación presupuestal, no pasará de ser simplemente eso, una buena intensión.
En todo Estado de derecho las decisiones y acciones de gobierno debe estar en función a las necesidades de la población y no en función a la comodidad de sus autoridades y funcionarios. No debemos pensar que un virus pueda destruir la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado construir, sino más bien debe fortalecerla, exigiendo a la gestión pública municipal un actuar eficiente. Si tenemos voluntad nunca es tarde para enmendar nuestras dificultades.