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¿Por qué debe renunciar fiscal de la nación?

Y este indigno fiscal ha faltado el respeto hasta al mismo presidente constitucional de la Republica, tan solo por sugerir que dé un paso al costado por los sagrados intereses institucionales y de la patria, contestando amenazadoramente sobre procesos que tuvo el Ing. Vizcarra en Moquegua que la mayoría de ellos ya están archivados por falta de sustento.

POR: ALEJANDRO ORTIZ DURAND

La ciudadanía especialmente en la región Moquegua, ante esta ola de corrupción institucionalizada en organismos el Estado, exige transparencia en las Instituciones y mucho más en la Fiscalía de la Nación, la cual debe actuar con corrección y motivar de oficio o a pedido de parte la acción de la defensa de la legalidad y sobre todo de los intereses del Estado, que suscribe obviamente nuestro ordenamiento jurídico y del derecho.

Y más aún, el de vigilar por la independencia y rectitud funcional de los órganos integrantes jurisdiccionales en la correcta aplicación de la justicia en nuestro país, al momento de personificar en los procesos judiciales.

El fiscal Pedro Chávarry juramentó apresuradamente en el mes de julio y sin la presencia del presidente Vizcarra ni ministro de Justicia por no estar de acuerdo con ese nombramiento irregular, donde ya tenía serios cuestionamientos a su conducta ética y funcional, como se escuchó en los CNM audios y Cesar Hinostroza, donde tramaron una reunión en la casa del servil de Antonio Camayo dueño de Iza Motors con medios de comunicación seleccionados, con el fin de maquillar su imagen.

Pero este fiscal negó a todas luces dicho encuentro, donde al final fueron corroborados por audios. Encubriendo y mintiendo al país sobre la verdadera intención, poco ética que empaña el decoro que debe tener una autoridad de este rango.

Posteriormente aparecen otras denuncias referidas al asunto de ratificación en el CNM. Y en una investigación periodística se determinó que este fiscal estuvo desaprobado para ser Fiscal. Sigo diciendo que Pedro Chávarry cuando no fue ratificado el 2002 como fiscal se dedicó a la defensa del peligroso e inescrupuloso traficante de armas James Stone, relacionado con el corrupto ex asesor Vladimiro Montesinos Torres.

Ahora las mismas fiscalías de la nación lo han vinculado a los “Cuellos blancos del puerto” cuya intención indican era el dominio del ministerio público y del mismo poder judicial del Callao, obviamente para beneficio de la red de narcotraficantes del puerto.

A todo este acrecimiento de parte de un colaborador eficaz Nro. 345 MP informante que indicó que el fiscal Pedro Chávarry formaría parte de organización criminal “Los cuellos blancos del Puerto” que para esclarecer e investigar si es verdad o no el indicado fiscal de dar un paso al costado, por cuanto este cargo es para funcionarios de conducta intachable, sobre todo cuando se trata de reformas profundas del sistema de justicia en el Perú, como plantea el poder ejecutivo.

Ya este fiscal no tiene decoro ni credibilidad y por lo tanto no tiene derecho a seguir en el cargo. Pero el Congreso que debería dar el ejemplo de la legalidad y justicia como deber Constitucional se ha parcializado y evita tocar el tema sobre estas graves acusaciones subsecuentes y que están impidiendo sea investigado con celeridad.

Y este indigno fiscal ha faltado el respeto hasta al mismo presidente constitucional de la Republica, tan solo por sugerir que dé un paso al costado por los sagrados intereses institucionales y de la patria, contestando amenazadoramente sobre procesos que tuvo el Ing. Vizcarra en Moquegua que la mayoría de ellos ya están archivados por falta de sustento.

Esto agrava mucho más su permanencia en el cargo de fiscal de la nación y el Congreso ahora debe destituirlo por utilizar métodos vedados y amenazar utilizando la autoridad actual en contra del Presidente de la Republica y por diversos motivos expuestos.

Finalmente, como es de dominio público fiscales de diferentes jurisdicciones del país se han pronunciado porque este fiscal Pedro Chávarry se aparte del cargo por cuanto está entorpeciendo las funciones como institución autónoma en la defensa de la legalidad de los derechos ciudadanos e intereses públicos, que hoy están en juego pernicioso componente político y de descredito nacional e internacional.

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