Parlamentarios de diversas bancadas expusieron sus posiciones en torno al proyecto minero Tía María, tras la exposición de los ministros de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, ante el pleno del Congreso, el último miércoles.
INDIRA HUILCA
La legisladora Indira Huilca, de la bancada de Nuevo Perú, señaló la importancia de la presencia de los funcionarios ante la representación nacional
“Ojalá que (esa preocupación) la hubiésemos tenido desde el inicio del conflicto en Tía María hace más de un mes en este Parlamento y no solo a propósito de unos audios filtrados de manera bastante sospechosa”, dijo.
CLEMENTE FLORES
El legislador de Peruanos por el Kambio (PPK), Clemente Flores Vílchez, afirmó que el Gobierno ha mantenido la coherencia y ha sido consecuente en defender al pueblo si es que existen proyectos en los que no están dadas las condiciones para que se puedan ejecutar.
“Tenemos una historia negativa de personas que han fallecido por el proyecto Tía María, con dos gobiernos, y no queremos llegar a cometer los mismos errores”, puntualizó.
Los minerales, refirió, representan el 60% de las exportaciones “y tenemos que trabajar en esa línea, tanto el Congreso como el Ejecutivo, evitarnos cuestionamientos, enfrentamientos y trabajar por el bien de la población”.
HERNANDO CEVALLOS
El legislador Hernando Cevallos Flores, del Frente Amplio, consideró que no se debió dar la licencia de construcción para el proyecto de Tía María, pues había una serie de observaciones.
Pidió respetar la decisión de la población del Valle del Tambo de respetar sus actividades agrícolas y ganaderas, que constituyen sus formas de vida.
“Debemos hacer un análisis serio de diversificación productiva que no nos ate a los precios de los metales en el mercado internacional, sino nos dé la posibilidad de un desarrollo sustentable, permanente, no como este este proyecto por 18 años, sino mirando el futuro del país”.
CLAYTON GALVÁN
Tras expresar su preocupación por las pérdidas que está causando el paro en Arequipa, el legislador Clayton Galván Vento (Cambio 21), instó a que el Gobierno empiece a trabajar en acercar el Estado a la población y de una vez se tomen las medidas correspondientes para que no vengan más paralizaciones.
“Preocupados por la actual situación queremos exhortar de que este sea el inicio para que se pueda acercar a las empresas mineras con las comunidades campesinas y que se las reconozca como tal”.
Destacó también que el Estado atienda a las comunidades campesinas y las poblaciones que están afectadas por las empresas mineras.
ALEJANDRA ARAMAYO
La legisladora de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, reclamó la presencia del jefe del Gabinete Ministerial, de la ministra de Agricultura y de otros, cuyas carteras están vinculadas con el caso Tía María.
Cuestionó las cifras vertidas por el Ejecutivo en el sentido de que las pérdidas en Arequipa fluctuaban entre los 250 millones de soles. “Eso es errado, hay otros indicadores que dicen lo contrario”, aseveró.
Recalcó que el costo (social y económico) no solo es monetario, sino también de estabilidad jurídica y emplazó a los ministros a que expliquen con la verdad.
LA EXPOSICIÓN DEL MINISTRO ÍSMODES
Cabe señalar que previamente el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, sostuvo que la posición del Poder Ejecutivo es promover e impulsar las inversiones en el país, entre ellas la minera, pero con responsabilidad y cuidado ambiental.
Tras el debate parlamentario que siguió a su presentación inicial sobre la situación del proyecto Tía María ante el pleno del Congreso, el funcionario exhortó también a los que se oponen a la construcción de este yacimiento a esperar que se solucione la parte técnica.
El ministro de Energía y Minas sostuvo que cuando hay una duda de que se va a generar un perjuicio, un daño, a alguien hay que discutirlo técnicamente.
“Así es cómo se tiene que aclarar, esa la parte de responsabilidad con la que tenemos que actuar como peruanos y como autoridades”.
El funcionario recalcó, además, que la suspensión de la licencia de construcción del proyecto, dictada por el Consejo de Minería, tiene un sustento legal.
“Son cinco vocales que votan de manera técnica y autónoma y no se han pronunciado sobre el fondo del asunto, no ha revocado la licencia y no la ha cancelado”.
La decisión, dijo, se adoptó sobre la base de la coyuntura sociopolítica que se estaba presentado en la provincia de Islay y la región Arequipa.