El desinterés, la indiferencia y el silencio que muestran los funcionarios de las Unidades Ejecutoras de Gestión del sector educación dependientes del Gobierno Regional de Moquegua ante el requerimiento de una información solicitada sobre las acciones realizadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el envío del Aplicativo “Demandas Judiciales y Arbitrales Contra el Estado” conocido como “Deuda Social” han creado incertidumbre en los profesores cesantes y jubilados de Moquegua que no tienen, hasta ahora, una explicación y respuesta técnico administrativa.
“Demandamos mayor identificación y sensibilidad al Gobierno y a los funcionarios del GORE Moquegua para que se cumpla el pago de la deuda social, a los profesores que ya tienen una edad avanzada, padecen enfermedades crónicas permanentes; además de ser personas altamente vulnerables por el coronavirus. El pago de la deuda social los aliviaría difícil situación económica”.
De esa manera expresaron categóricamente los profesores Juana Delgado de Salas, Domingo Moreno Rosado y Wilfredo Mendoza Flores, directivos de las Comisión de Gestión de Profesores Cesantes y Jubilados de Ilo, General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto respectivamente, quienes solicitaron mayor identificación y sensibilidad humana para que cumplan con los dispositivos legales vigentes cual es, el pago de la deuda social que el Estado les tiene desde mayo de 1990 y que desde dos años, viene pagando a migajas como anticipo, amortización o a cuenta gotas, lo que por ley les corresponde.
Asimismo los directivos de profesores cesantes indicaron que cumplieron a cabalidad y oportunamente lo establecido en el DU Nº 014-2019, el DS Nº 027-EF-2020 y el DS Nº 03-2020-EF alcanzando las sentencias y resoluciones judiciales en calidad de cosa juzgada a las Unidades de Gestión Educativa Local para que realice la actualización del Listado y/o Aplicativo “Demandas Judiciales y Arbitrales Contra el Estado” que a su vez remitieron al Gobierno Regional de Moquegua para que el Comité Permanente y la Procuraduría Pública, una vez revisada, remita a la Comisión Multisectorial Evaluadora del MEF y de Justicia para que emita un decreto supremo asignando el monto que corresponde a cada región que debe ejecutar con el pago de la deuda social, toda vez que los plazos previstos ya se vencieron y lo que falta es efectividad, acotaron que los cesantes están todos en una situación económica difícil y crítica junto a su familia.