La controversia por el tema del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 2018-2030 de la provincia de Islay aprobado hace unos días por la mayoría del Concejo Municipal Provincial de Islay, ha generado diversas reacciones, interpretaciones y suspicacias relacionadas en principio, a que la sola mención de la palabra minería o peor aún Tía María o Southern, atribuye un comportamiento condescendiente con esta actividad extractiva y cuestionada en la provincia como un factor de desarrollo deseado. Para dar un mejor panorama de lo que significa el PDC y una especie de cronología e interpretación técnica, dialogamos con el abogado y ex regidor de la Municipalidad Provincial de Islay (MPI), Luis Concha Zeballos.
Prensa Regional Islay (PRI) En aspectos cronológicos ¿cómo así se llega ahora a la aprobación de el plan de desarrollo concertado?
LUIS CONCHA ZEBALLOS (LCZ): Esto nace el 24 de octubre del año 2018, donde el señor Calmett (Juan) que era el subgerente de presupuesto de la municipalidad, emite la orden de servicio, haciendo previo requerimiento con conocimiento de la señora Johanna Postigo que era la gerente de administración, la contratación de la señora Elizabeth Quico como consultora para elaborar el Plan de Desarrollo Concertado. Según la fecha de inicio, el trabajo debía ser entregado en dos meses, el 24 de diciembre de 2018…
PRI: ¿Dos meses es tiempo suficiente para la elaboración de un PDC?
LCZ: Habría que decirle al señor Calmett qué situaciones técnicas llevaron a él a aplicar los dos meses de plazo y si la consultora lo aceptó así, es porque estaba en las condiciones de realizarlo. De tal forma que en la orden de servicio se estableció dos formas de pago. La primera a la entrega del trabajo, es decir, el 24 de diciembre de 2018 se le pagaba el 60 por ciento de los 30 mil soles (valor de la orden de servicio), estamos hablando de 18 mil soles y el saldo, el 40 por ciento, debía pagarse en principio al obtener el visto bueno del Ceplan, que es el órgano rector en planes de desarrollo concertado y con la aprobación del pleno Concejo municipal.
PRI: ¿Son vinculantes los procedimientos entre el Ceplan y la aprobación del concejo?
LCZ: Sí, porque es una exigencia que el consultor debe establecer. Y es así porque si el Ceplan hace observaciones, el único que técnicamente las puede levantar es el consultor y una vez, obtenido el visto bueno del Ceplan, el consultor tiene que exponerlo en la sesión de Concejo, para que el Concejo pueda aprobarlo. Si tenemos un informe técnico del Ceplan que dice que el PDC está bien elaborado, los regidores, para poder desaprobarlo, tendrían que tener otro informe técnico de mayor peso para desaprobarlo. Los planes no se aprueban por lo que parece, sino por lo que debe ser.
PRI: Retomando la cronología de los hechos…
LCZ: Si bien es cierto, el 24 de diciembre de 2018 se presenta el trabajo y se le paga 18 mil soles, lo irregular está en que cinco días después, sin haber obtenido el visto bueno del Ceplan y sin haberse aprobado en sesión de Concejo, se le pagó el íntegro de todo el trabajo. Ahí hay una irregularidad que se está investigando actualmente en la gestión municipal y que seguramente va a conllevar a algunas sanciones de carácter administrativo.
Independientemente de eso, en esos días el anterior alcalde (Richard Ale) eleva este trabajo al Ceplan. Y esta gestión municipal (Edgar Rivera) recién en agosto de 2019 se entera que este trabajo ya había sido elevado por que llega el oficio conteniendo el informe técnico del Ceplan donde establece dos puntos. Primero que el trabajo entregado sí cumple con todos los requisitos, porque fue revisado, analizado y merituado por la subgerencia de desarrollo y planes de los gobiernos locales del Ceplan.
Segundo, que hace una recomendación, que sería bueno se incorpore los riesgos de desastre que existe en la población. Este segundo punto si se quiere se toma en cuenta, sino, no, porque en materia de riesgos de desastre ya hay una ley específica propia (Ley Nº 29664) y en segundo lugar, esto no es un lineamiento de desarrollo (la ley) sino un lineamiento preventivo.
PRI: ¿Qué siguió tras conocerse del informe del Ceplan?
LCZ: Cuando se tiene conocimiento del tema, se comunica a las dos personas, tanto al señor Calmett como a la consultora para decir, porqué se había pagado el trabajo sin siquiera haber culminado el proceso…
PRI: en agosto del año 2019 cuando la actual gestión municipal recibe el informe de conformidad del Ceplan, ¿recién se entera que hubo un pago de 30 mil soles por este concepto?
LCZ: Así es.
PRI: ¿Y ese balance no se hizo antes, en las transferencias?
LCZ: No, porque en materia de transferencia pública no se hacen transferencias de las órdenes de compra o de servicio. Lo que se hace es en función a las directivas dadas por la Contraloría General de la República, cuáles son los instrumentos que son materia de transferencia. Por eso que es la gestión actual se entera que se realizó ese trabajo y se había pagado indebidamente. Lo más responsable que hace la gestión actual, es comunicar a la consultora para que venga a culminar su trabajo si ya se le había pagado todo, sin perjuicio de iniciarle el proceso al señor Calmett por el pago irregular que él autorizó.
PRI: Esa es un parte del tema del PDC sobre el pago irregular, pero hay otro tema, que es de fondo y es el que se cuestiona con relación a la actividad minera ¿qué hay de ello?
LCZ: Yo he tenido la oportunidad de revisarlo y analizarlo. Este trabajo (PDC) tiene dos etapas. La primera etapa muestra cómo está en este momento la provincia de Islay, qué se encuentra en la provincia. Definitivamente, lo que ha hecho la consultora es poner la realidad de las cosas y no se puede desconocer actividades porque si no estaríamos empezando un trabajo sobre una base irreal. Lo que ha incomodado a las regidoras (Martha Canqui y Zulema Quispe) que están mostrando su oposición a esto, es que en la primera etapa del trabajo indica en cinco líneas la página 92 (sic), que, en la actualidad, la provincia de Islay existe un proyecto minero a cargo de Southern Peru, llamado Tía María y La Tapada, pero que está en fase de exploración. ¿Es lo real? Es lo real. No podemos desconocer, sino les estaríamos diciendo a los amigos del valle de Tambo, ‘por gusto has hecho una lucha’. Además de otras actividades como la agricultura y la pesquería, como se encuentran al 2018.
PRI: ¿Eel Ceplan tiene como lineamientos para la elaboración del pdc que se mencione la realizad existente y el deseo proyectado o es criterio del consultor?
LCZ: El Ceplan dice, ‘cómo está la provincia ahora (momento de elaboración del PDC) y qué es lo que quieres a por ejemplo, a doce años’.
PRI: Entonces ¿cómo se graficó la segunda etapa?
LCZ: Cuando va a desarrollar las perspectivas de desarrollo de la provincia de Islay, se enfoca muy bien en el rumbo del desarrollo agrícola, pesquero, turístico, en materia de mejoramiento de la prestación de servicio de la gestión municipal, seguridad ciudadana, salud, educación, transportes. Para nada toca el aspecto minero porque no lo ha considerado la consultora como una fuente productiva ni de desarrollo en la provincia de Islay. Se entiende porque estamos más de una década con un conflicto latente. No está considerado como un plan de desarrollo la actividad minera. La población debe sentirse tranquila y no fijarse solamente en lo que dice en el 2018, que aparece como una actividad existente que continua hasta ahora, pero no es importante para el desarrollo.
PRI: ¿Era ineludible la aprobación del PDC por parte de los regidores o podían no haberlo hecho?
LCZ: Hay dos cosas fundamentales. Que sí podían hacerlo como lo hizo la mayoría, sí; porque tienen el respaldo de un informe técnico del ente rector que es el Ceplan. Que no podían hacerlo, también. Pero, si no lo aprobaban debía señalarse técnicamente, por qué razones desechaban un estudio que el Ceplan dijo que está bien, que sí cumple los lineamientos.
PRI: Pero el Ceplan solo da su informe en temas de forma, mas no de fondo y en ese sentido un regidor sí pudo expresar su oposición
LCZ: Si un regidor votaba en contra porque la actividad minera no le parece que debe ir, debía señalar en qué código y en qué meta (del PDC) estaba considerada la actividad minera como una actividad de desarrollo. Porque si revisamos el PDC, en ningún lineamiento encontramos la actividad minera como parte del desarrollo de la provincia de Islay. Si no está eso (minería) cuál sería la causa o razón para desaprobar.
PRI: ¿Qué responsabilidad pudieran tener las dos regidoras que votaron en contra del pdc?
LCZ: Si la mayoría desaprobaba el documento, el mismo OCI (Órgano de Control Institucional) de la municipalidad los pudo haber denunciado, porque no pueden desconocer un documento técnico de una entidad rectora frente a una posición personal, subjetiva, sin tener el sustento técnico que doblegue lo emitido por el Ceplan. El OCI puede intervenir sobre el caso de las regidoras y señalar, que se ha pagado 30 mil soles, hay un informe positivo del ente rector, cuál sería la razón por la cual la municipalidad debe perder ese dinero, por qué la municipalidad no debe tener ese instrumento de gestión.
Hay que precisar que sin este instrumento (PDC) la municipalidad no puede tocar la puerta y no puede participar de ningún proyecto de inversión nacional. Ese es el perjuicio que se mide en la municipalidad y afectaría a la toda la provincia. Lo primero que pide el gobierno para participar en proyectos de inversión nacional es si la municipalidad tiene el PDC aprobado y vigente. Yo le dije en varias sesiones al alcalde (Ale) ‘preocúpese en realizar ese instrumento de gestión porque nos están cerrando las puertas de inversión’
PRI: Se habla que durante la elaboración del PDC éste no se habría socializado habiendo inclusive, sorprendido a los regidores
LCZ: Te puedo decir que a mí sí me han sorprendido (fue regidor entre el 2015-2018) porque nunca nos comunicaron que se contrató para este trabajo. Peor aún en los meses de octubre, noviembre o diciembre (2018) que eran meses de transferencia.
PRI: ¿Nunca tuvo conocimiento del PDC y que este se estaba elaborando?
LCZ: Nunca. Es más, en la anterior gestión yo fui regidor de oposición y, la información para mí era casi limitada. Pregunto, la señora Martha (Canqui) fue primera regidora, teniente alcalde y la señora Zulema (Quispe, actual regidora) fue subgerente de medio ambiente. No me explicó, cómo ellas a estas alturas van a decir que no sabían, si fueron parte activa de la anterior gestión municipal.
PRI: Pero sí hubo talleres o…
LCZ: Aquí se ha presentado un trabajo con documentos que el Ceplan los ha validado. Si hay actas donde se han llevado a cabo los talleres, porque eso se hace antes de la entrega del trabajo; se entiende que las personas que suscribieron el acta deberán establecer si participaron o no, o si los engañaron o no. A nosotros nunca nos comunicaron que iba a ver un taller para sociabilizar este trabajo. Si no ha habido la suficiente difusión, no es materia de nulidad.
