El TC renunció a participar en el Consejo para la Reforma de la Justicia. Y la reforma, ¿para cuándo? 

Qué puede hacer el gobierno, de buenas a primeras nada, solo lamentarse ya que el fundamento esgrimido por el TC para apartarse de participar en la Comisión Especial es uno de carácter constitucional y consecuentemente válido…

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Tribunal Constitucional.

POR: ÁNGEL ALBERTO ROJAS ROSALES

Lo que mal empieza mal acaba, reza el dicho, pero que cabe como anillo al dedo a la actual situación de emergencia por la que atraviesa la Comisión para la Reforma de la Justicia liderada, desde mi punto de vista de manera equivocada, por el Presidente de la República.

Pero para entrar en contexto, remontémonos algunos meses atrás, específicamente al último trimestre del año 2018, en donde el primer mandatario, posicionado en la cresta de la ola popular en virtud de los cuestionables resultados estadísticos, arrinconaba al Congreso de la República en aras de que se le apruebe la tan mentada reforma judicial, post caída del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y que en caso el Poder Legislativo ose oponerse a sus ansias, dizque reformistas, procedería a su cierre.

Lo que sucedió luego fue una ominosa aceptación de los congresistas en desmedro de sus fueros parlamentarios, para lo cual accedieron de manera humillante a los requerimientos gubernamentales mediante la aprobación de lo pretendido sin remilgo alguno, lo que a la postre se vio coronado con un referéndum que nadie entendió para que servía ni de que se trataba, y que el propio mandatario manipuló a su gusto y antojo, al punto de ordenar que la población marque SI, SI, SI, NO; lo que fue duramente criticado por Constitucionalista de la talla del Dr. García Belaunde entre otros, en razón de que una reforma de tamañas dimensiones políticas no se hace de la noche a la mañana y mucho menos a trompicones.

Lo que sucedió algunas semanas atrás fue lo que todo el mundo preveía (menos el presidente y sus acólitos, entre ellos la prensa ayayera), es decir, el fracaso total del proceso en cuestión ya que, del total de 120 postulantes, solo aprobaron tres y de estos tres, solo pudo ser designado uno y para colmo de males, ese uno fue vapuleado por la Comisión, al punto que tuvo que renunciar, en conclusión, un mega papelón por donde se le mire.

Es precisamente en este mar de fracasos y desavenencias en torno a la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que el Dr. Ernesto Blume Fortini, Presidente del Tribunal Constitucional, anunció la decisión del Tribunal de no intervenir más en la Comisión Especial para la Reforma de la Justicia.

Pero, a decir verdad, el TC nunca debió aceptar esta decisión en virtud que dicho colegiado no participa, por ley, en la elaboración de políticas de Estado ni mucho menos en políticas de gobierno, toda vez que su función principal es la de ser el máximo intérprete de la Constitución y por ende de los actos de los tres poderes del Estado.

Qué puede hacer el gobierno, de buenas a primeras nada, solo lamentarse ya que el fundamento esgrimido por el TC para apartarse de participar en la Comisión Especial es uno de carácter constitucional y consecuentemente válido; lo que si llama la atención es, si este articulado constitucional estaba vigente al momento de la designación del TC como miembro de la Comisión Especial, ¿Porque aceptó?

Y al parecer la respuesta es muy sencilla, hay personajes ilustres que no saben decir no, y mucho menos al poder político de turno, ya que resulta delicioso y hasta cierto punto excitante compartir las mieles del poder, estando al lado de los que dicen ser los adalides de la decencia y de la lucha anticorrupción, pero cuando se avizora un estrepitoso y rotundo fracaso, como el de la reforma de la justicia, es mejor retirarse ante furibundo escenario para nada sabroso, parafraseando la comida peruana.

¿Qué pasará a futuro? no lo sé, pero lo que sí sé, es que ante tan desalentador panorama, lo que se requiere es un Ministro de Justicia dialogante que busque consensos en ese Parlamento que a como dé lugar propugnan cerrar, a fin de hacer enmiendas a la ley correspondientes con miras a salir de este entuerto político, pero eso es como pedirle peros al olmo, ya que lo que este gobierno si tiene, es un ministro de “INJUSTICIA” confrontacional, que auspicia una nueva constitución política, ideas estatistas y de manifiestos afanes reformistas del Ministerio Público, claro está siempre y cuando este Chávarry, pero como está Zoraida Avalos, dicha reforma no va.

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