El Ing. Marco Reyes Campos, gerente regional de la Contraloría General de la República en Moquegua, dio a conocer que intervino en el proceso CAS que se llevó a cabo en el Hospital Regional de Moquegua, habiendo encontrado irregularidades.
Se emitió el reporte preliminar el día 28 de mayo, indicando que existían observaciones a los perfiles, entre otros temas relacionados con la titulación de cada profesional.
Posteriormente, el 01 de junio se sacó el informe completo, donde se daba cuenta que no tenían publicado de como fue el proceso de evaluación, como se declaraba apto y no apto, dando un plazo de 5 días hábiles para que la comisión pueda evaluar.
Se esperó la segunda parte del proceso, sobre la recepción de los currículum vitae (CV), donde también se hizo observaciones, pero continuaron con el concurso. El 19 de junio la Contraloría sacó un informe, observando el número de CV que no estaban registrados en el sistema de datos y una serie de anomalías que se habría incurrido.
“Estamos verificando el resultado de los postulantes que fueron declarados aptos y no aptos, vemos que casi el 20% ha sido declarado apto, lo cual nos llama la atención. Haremos una evaluación de como se ha desarrollado el proceso”, refirió.
Reyes, aseguró que el proceso tiene varios vicios y observaciones, lo que significa que no ha sido muy transparente.
Se ha recomendado que las bases deban tener la forma, tal cual lo indica SERVIR y la publicación debe hacerse en ese mismo contexto. Al ser un proceso virtual, debe contar con un soporte tecnológico, que no tenga fallas, como ha presentado su sistema.
LO QUE ADVIRTIÓ ASESOR LEGAL
Hay que indicar que el Abog. Leandro Zevallos, asesor legal del nosocomio, se pronunció al respecto, emitiendo el informe Nro. 060-2020 de fecha 15 de junio con copia al comité responsable del concurso, sobre anomalías que se estaría incurriendo, sin embargo, no fue tomado en cuenta y se continuó con el proceso.
Según el documento, se advierte, que de continuarse con el concurso CAS y haber afectación de forma y de fondo, esta determinación daría lugar a ocasionar daños económicos al Estado y a la inminente pérdida del presupuesto para contratar personal asistencial que el Hospital Regional requiere para dar atención de calidad a su población.