El exjuez peruano César Hinostroza se opuso este miércoles a ser extraditado al Perú, donde se le acusa de corrupción, porque – dijo – allí es objeto de una persecución política y la condena a la que se enfrenta «es una pena de muerte». El presunto cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ declaró en la Audiencia Nacional de España, que debe decidir sobre su extradición, y aseguró que salió de Perú porque temía por su vida tras haber recibido amenazas.
El exmagistrado peruano expuso sus argumentos para no regresar a su país en una vista en la que el fiscal español apoyó su extradición, ya que considera que no existe ninguna persecución política ni cree que se vayan a vulnerar en Perú sus derechos fundamentales. César Hinostroza aseguró ante el tribunal español que en su país se le persigue y apoyó esa afirmación en el hecho de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, le haya tildado de «delincuente» y pedido la pena máxima para él, cuando «en cualquier democracia un presidente de la República no puede entrometerse en otros poderes del Estado».
El fiscal negó este argumento, ya que el delito del que se acusa al exjuez «no es político ni fruto de una persecución política». «Qué duda cabe de que una persona que ocupa un alto cargo en la magistratura de su país puede verse en el foco público, por decirlo de una manera suave, puesto que, por la propia naturaleza de los actos de su función, está sometido al escrutinio público, de la misma manera que está sometido a la crítica política», dijo.
EL CASO CONTRA CÉSAR HINOSTROZA
César Hinostroza está en prisión en España desde su detención en octubre en Madrid tras darse a la fuga cuando estaba siendo investigado en su país por liderar una trama de corrupción en la judicatura. La Audiencia Nacional española acordó el pasado 13 de marzo mantenerle en prisión preventiva sin fianza al rechazar el recurso contra su ingreso en prisión, acordado el 19 de octubre por el magistrado español José de la Mata a la espera de que se resolviera la extradición.
El exjuez es acusado de hechos análogos a los de «negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y organización criminal», con lo que se cumple el requisito de la doble incriminación que exige el procedimiento de extradición, según la Audiencia Nacional de España.
El exjuez presidió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú y era el juez de mayor entidad de «Los cuellos blancos del puerto», como se conocía a una amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios, según la reclamación. El caso provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao. EFE