La mina, en este momento, es el proyecto minero más grande e importante del país, en manos de la transnacional con sede en Londres. En palabras de su presidente ejecutivo Mark Cutifani “Quellaveco es uno de los yacimientos de cobre no desarrollados más grandes y atractivos del mundo”.
Vendido en 1,992 a “Mantos Blancos”, filial chilena de Anglo American y operada desde Santiago de Chile desde entonces. En Perú, tras el fracasado intento de operar Michiquillay en Cajamarca, sería su único proyecto.
Obtenida la licencia social tras un largo y complicado proceso en julio del año 2018 el Presidente de la Republica Ing. Martin Vizcarra Cornejo informó del inicio de la construcción de la mina.
Sin embargo, el camino lejos de ser libre y despejado, es tortuosa y complicada su ejecución por múltiples y reiterados reclamos de cumplimiento de sus obligaciones suscritas en la mesa de dialogo, que entre otros puntos de cuidados ambientales, tenemos un fondo social de mil millones de soles como aporte, que hasta el momento tiene importante avances y retrasos, además de denuncias por el abandono del consorcio Obrainsa – Astaldi para la ejecución del trasvase de los ríos Chilota Chincune a cargo del Fondo de Desarrollo Moquegua.
Los temas álgidos son la contratación de mano de obra y compras locales como parte de los Acuerdos 25 y 26 de la Mesa de Dialogo; convertidos ya como el detonante del reclamo y la protesta social.
El año 2015 la minera reconocía que verduras, huevos, leche, carne y hasta el agua de beber eran comprados en Chile, cosa que no contribuye a la buena imagen que dice tener ante la opinión pública.
Arribamos casi enfriados al ambiente, al anuncio presidencial que despertó mucha expectativa a nivel nacional, que ha motivado una masiva migración de personas desde Cajamarca, Arequipa, Puno, Lima y otras latitudes, así como el arribo de empresas chilenas ligadas a Flúor y Anglo American Chile calentando el ambiente en medio de reclamos y protestas de todo calibre.
Con el ingreso de nuevos alcaldes y gobernador regional ha cambiado el correlato de fuerzas y tras tener silente y complaciente representación de la sociedad civil por muchos años, se ha pasado a una nueva, renovada y activa participación que ha ido nucleando y organizando actores en torno al Comité de Monitoreo y Seguimiento de los Acuerdos que han puesto en jaque a la minera y el gobierno.
Quedan, sin embargo, algunas preguntas sin respuesta hasta el momento.
- ¿Por qué la resistencia de la minera Quellaveco a cumplir sus compromisos?
- ¿Por qué poner en riesgo la inversión Anglo American – Mitsubishi?
- ¿Son tan importantes e ineludibles los compromisos económicos de Fluor con las empresas y capitales chilenos al extremo de poner en riesgo el proyecto?
- ¿Tiene el gobierno interés en poner los intereses del país por encima de intereses particulares y hacer cumplir leyes y compromisos a la minera?
Es evidente el desfase de nuestra legislación minera y la debilidad del gobierno y sus instituciones tutelares que son ineficaces e ineficientes para controlar a nadie, peor a grandes y poderosas transnacionales mineras que permiten inobservancia de normas y sistemática violación o incumplimiento de obligaciones como ya ha quedado demostrado.
Contratan libremente y a su libre albedrio “empresas y ong’s verificadoras” que en varios casos son señaladas de actuaciones poco transparentes como “Prisma” “Pro Naturaleza” y “Manpower” y últimamente inadecuadas contrataciones como Fluorsmi o AJANI de propiedad de Aruntani SAC señalados por algunos como responsables de la contaminación del rio Coralaque. Abona indudablemente en una evidente y eminente colisión con la población organizada de Moquegua.
Esperemos que la sangre no llegue al rio y funcionarios de la minera y el gobierno entiendan que el propósito de la empresa y sus accionistas es finalmente explotar adecuadamente el yacimiento las próximas décadas y no intereses particulares de empresas foráneas en desmedro de Moquegua, y el país.
Cabe dadas las circunstancias reflexión final. Siendo como somos un país minero y dada la importancia económica cono generadora de empleo y recursos, evaluar la venta, transferencia o caducidad de las concesiones en manos de empresas mineras de dudosa reputación o inobservancia de buenas prácticas socio ambientales que imposibiliten un adecuado y normal desarrollo de sus operaciones en beneficio del país y sus comunidades circundantes. No es posible que merced al único requisito del pago del derecho de vigencia y alguna inversión sin mayor importancia, mantengan en su poder importantes proyectos indefinidamente sin posibilidad de desarrollo. Considero que Conga, Tía María y por qué no Quellaveco, merecen mejores operadores por el bien de sus comunidades y el Perú.