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¿No hay futuro sobre rieles…? (III)

En lo relacionado al plano económico, cabe precisar que la construcción de la citada vía férrea, a la luz de otras experiencias internacionales, permitirá dinamizar la economía de toda la macro región sur del Perú al tener acceso al mercado boliviano, permitiendo en cierta medida superar al agobiante centralismo limeño.

Por: César A. Caro Jiménez

Alicia, la del país de las maravillas del famoso cuento de Lewis Carroll, pregunta al gato de Cheshire en un cierto punto qué camino debía tomar. Cheshire le contesta: “Eso depende mucho del lugar adonde quieras ir. Si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino sigas” …frase que muy bien se podría aplicar al actual gobierno en un sinnúmero de casos, pero que para la presente nota tan solo nos ceñimos al aeropuerto de Chinchero, el denominado tren de cercanías y al proyecto conocido como Corredor Ferroviario Bioceánico Central.

Y podría decirse que, en los tres casos, aparte de oídos sordos a muchas objeciones y/o recomendaciones, hay un alto porcentaje de soberbia, liviandad y estolidez. Veamos el por qué. En lo relacionado a Chinchero, se sigue empecinadamente adelante, a pesar de los serios cuestionamientos, los que deberían merecer siquiera un mínimo de atención y consulta a entidades y organismos especializados, como por ejemplo las grandes constructoras de aviones como por ejemplo la Boeing y Airbus, no vaya a ser que más adelante las experiencias sean nefastas. ¡Un poco de previsión no está de más!

En cuanto al denominado tren de cercanías, que según el MTC comprende 476 kilómetros de rieles desde Barranca (norte) a Ica (sur), pasando por Lima, cuyo costo total se calcula en 5,000 millones de dólares (Increíble: ¡mayor distancia y mejor tecnología que el Corredor Ferroviario Bioceánico Central, pero US$ 2500 millones menos!)  y que alcanzaría una velocidad máxima de 200 km/h, cabría preguntar si se ha hecho una adecuada evaluación, considerando que el mismo iría en desmedro del desarrollo del resto del país: me atrevo a decir que, de construirse, Lima en poco tiempo incrementaría sustancialmente su tamaño y población, albergando además a muchas empresas provincianas que, para subsistir, a falta de incentivos para permanecer en el interior, optarán por trasladarse a zonas cercanas al mayor mercado del Perú. Pero en vano, lo escribo y lo digo, dado que como decía Einstein: “La estupidez humana es infinita, en cuanto al universo no estoy seguro”, pero aun consciente de ello no puedo ni debo rendirme.

Ahora bien, en cuanto el panorama en torno al Corredor Ferroviario, cabe señalar que tiene varias aristas: económicas, políticas, técnicas, sociales, regionales, constitucionales, portuarias e incluso geopolíticas, alguna de las cuales trataremos someramente.

En lo relacionado al plano económico, cabe precisar que la construcción de la citada vía férrea, a la luz de otras experiencias internacionales, permitirá dinamizar la economía de toda la macro región sur del Perú al tener acceso al mercado boliviano, permitiendo en cierta medida superar al agobiante centralismo limeño. Pero lograrlo no será fácil: conspiran contra el proyecto, aparte de la miopía y chauvinismos de nuestras autoridades tanto locales como regionales, los intereses del vecino país sureño, en alianza con ciertos grupos empresariales de nuestro país tanto formales como informales, a los que sospecho que se suman algunos propietarios de flotas camioneras.

Y todo ello enmarcado en una concepción o “pensamiento único” introducido después del denominado Consenso de Washington (1989), que propugnó políticas neoliberales como la estabilización macroeconómica, la liberalización económica con respecto al comercio como a la inversión, la reducción del Estado, y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía interna, las cuales fueron copiadas al pie y a la letra por el primer gobierno fujimorista, mal vendiendo las empresas públicas, eliminando la planificación estatal, convirtiendo al estado en mera comparsa de las multinacionales, las cuales si planifican a corto, mediano y largo plazo en función de sus intereses empresariales, los cuales muchas veces son contrapuestos a los nacionales, regionales y distritales, sin que ninguno de dichos estamentos pueda ofrecer mayor oposición.

Pues bien, aquí cabe preguntarse y preguntar en función del bien común y los intereses patrios y regionales: ¿estaría el Ministro de Transportes y Comunicaciones que a la fecha de publicación del presente artículo esté en el puesto por encargo del presidente constitucional, en condiciones de conseguir que la SPCC colabore en dos aspectos con el desarrollo nacional y regional: permitir en primer lugar, –por un criterio de racionalidad capitalista–, que Anglo American Quellaveco  utilice la vía férrea que va bien de Toquepala o Cuajone para trasladar los concentrados de Quellaveco hacia Ilo. Conseguirlo beneficiaría a todos. A SPPC porque tendría un ingreso adicional por el uso de una vía férrea subutilizada, a Anglo porque le permitiría reducir costos, a la región Moquegua porque se evitaría contaminación y accidentes si los concentrados futuros se trasladan por carretera y al estado, porque percibiría mayores ingresos por concepto de impuestos, lo que también incrementaría los montos del canon.

Y, en segundo lugar, –como una manera de bajar costos en el propósito de hacer viable el denominado Corredor Ferroviario Bioceánico Central, dejando sin excusas a los intereses que se oponen al mismo y que han elevado exorbitantemente el tramo Ilo-Desaguadero–, acceder también a que el tramo entre Ilo y Toquepala sea utilizado para el transporte de la carga generada por Bolivia en una primera instancia. Y asimismo por qué no pensar en la posibilidad, considerando que el Grupo México tiene una división ferroviaria que controla la mayor parte del transporte ferroviario tanto en el país natal de Benito Juárez, como en el sur de los EEUU, de que la misma administre y opere dicho servicio entre Ilo y La Paz. ¡Ganaríamos todos!… Y sería la mejor formar de demostrar que se puede hallar un justo medio entre los intereses empresariales privados y la sociedad en su conjunto, recordando a la Responsabilidad Social Empresarial como un elemento clave para el equilibrio social y económico, que debe promover beneficios a través de acciones que afirmen que se está haciendo lo correcto para construir un futuro compartido.

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