POR: JULIO FAILOC RIVAS
La minería es una de las actividades más importantes sobre la cual el Perú basa su crecimiento económico. Es el segundo productor mundial de cobre y plata, y el sexto productor mundial de oro. Representa el 10% del PBI del país y es el principal aportante de las exportaciones nacionales, representando casi el 62% del total. En los últimos 20 años (2008-2018), todas las regiones del país, han recibido cerca de 47,000 millones de soles por concepto de canon y regalías minera.
No obstante, a lo señalado, el desarrollo de la actividad minera ha traído consigo una serie de conflictos sociales en las zonas mineras. Según el informe de BBVA Research, el 50% de ellos está vinculado a la actividad minera. De este porcentaje, el sur, centro y norte del país concentran el 53%, 26% y 22% de casos conflictivos. De la misma forma el origen de los conflictos socio ambientales son principalmente, la contaminación ambiental (40% de los casos) y acuerdos no cumplidos (25%).
Hay voces de la población de a pie que señalan que la minería ha traído más conflictos y contaminación que desarrollo, y seguramente no les falta razón de lo poco o mucho que ha contribuido ésta actividad y el canon minero.
No pretendo hacer un balance de los impactos que ha generado la minería y el canon minero, porque ello requeriría de una investigación más exhaustiva, pero si considero necesario poner en relevancia lo que es evidente en materia de desarrollo o de crecimiento económico, ahora que el conflicto del proyecto Tía María está escalando hacia otras regiones del sur del Perú poniendo en riesgo proyecto mineros importantes.
En el Sur tenemos que Cuzo recibió 17.8 mil millones en los últimos 20 años, Arequipa 5.6 mil millones, Tacna recibió 5.2 mil millones de soles, en Moquegua cerca de 3.5 mil millones de soles, en Puno 2.6 mil millones de soles, y si hacemos la pregunta de rigor, de lo que se hizo con esos recursos, las respuestas van a estar cargadas de justificaciones y no de buenas razones.
Es lamentable decirlo, pero ninguna región puede mostrar un proyecto de impacto, que haya resuelto algo importante, o que haya estado ligada a las potencialidades económicas y productivas locales de las actividades económicas de la población donde se desarrollan los proyectos mineros. La ineficiencia en el uso de los recursos del canon minero refuerza la imagen negativa que tiene la población hacia la actividad minera. La percepción de la población, reforzada también por los alcaldes, es que la empresa minera debe sustituir al estado en materia de educación, salud y desarrollo económico.
Por el contrario, el gobierno regional y los gobiernos locales, tienen la responsabilidad de hacer que el desarrollo dependa menos de la minería, lo cual exige, no solo utilizar bien los recursos del canon minero, sino orientarlos hacia las actividades con mayores potencialidades económicas y productivas, como lo señalamos líneas arriba.
Mientras para muchos el cobre es una maldición, para nosotros fácilmente podría ser una palanca para un desarrollo menos dependiente de la minería.