La crisis, informan fuentes de IDL-Reporteros, empezó calladamente, como suele suceder, hacia la tercera semana de diciembre pasado. Ricardo Weyll, el principal abogado de Odebrecht en el Perú, pidió y tuvo reuniones separadas con el jefe del Equipo Especial de fiscales, Rafael Vela; y con el procurador ad-hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez.
Había un problema potencial que solucionar, les dijo Weyll. La matriz de Odebrecht en Brasil le había hecho saber que el plazo establecido en el contrato para que cualquiera de las partes pudiera presentar una demanda de arbitraje ante el CIADI iba a prescribir en pocas semanas. La empresa, le dijeron, no podía dejar que la prescripción le quitara la posibilidad de pedir un arbitraje.
LUNES 23 DE DICIEMBRE
Weyll –que estaba en Brasil– volvió a comunicarse por teléfono, y por separado, con Vela y Ramírez. Les informó que el director jurídico de la corporación, Rogerio Bautista, –uno de los tres líderes principales de Odebrecht S.A.– viajaría a Lima los primeros días de enero para explicar la posición de la compañía y tratar de gestionar una solución.
Luego, el mismo día de la llamada, el procurador Ramírez contactó a la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, para informarle sobre la posibilidad de que Odebrecht presentara una demanda arbitral contra el Estado en el CIADI.
“Le dije a la ministra – recuerda Ramírez– que había un problema de comunicación con el ministerio de Energía y Minas, y que [por eso, él, Ramírez] no sabía cuál era el Estado del proyecto; … que había [además] un tema pendiente de la reparación civil. (…) [Hasta ese momento] Con la venta de cada activo de la empresa, le corresponde el 25 por ciento al Estado [que va a un fondo fiduciario]. Este porcentaje estaba relacionado a los cuatro proyectos iniciales … del acuerdo de colaboración eficaz. Mi planteamiento con Odebrecht en este caso iba a ser otro: se abría el campo de la negociación para exigirle un mayor porcentaje de la venta de sus activos, para garantizar los futuros montos de la reparación civil”, dijo Ramírez a IDL-Reporteros.
Luego, recuerda Ramírez, a las 8:47 de la noche del mismo día, el ministro Liu lo llamó por teléfono para citarlo a su despacho, el jueves 26 de diciembre. “El ministro Liu me contó que la ministra de Justicia se había comunicado con él, y que el Presidente estaba al tanto”.
JUEVES 26 DE DICIEMBRE
En la reunión del 26 “el ministro me contó el estado del proyecto del Gasoducto del Sur y le dije que mi intención era ver la posibilidad de cobrar la reparación civil una vez que se vendieran los tubos que, [según] el Estado había reconocido, eran de propiedad de la concesionaria conformada por Odebrecht y Enagás. La idea del ministro era destrabar el proyecto porque al Estado le interesaba que un tercer inversionista, previa licitación pública, lo asuma. Quedamos para citar a la empresa para el 9 de enero”, dice Ramírez.
MIÉRCOLES 8 DE ENERO
Poco después del Año Nuevo, el Director Jurídico de Odebrecht, Rogeiro Bautista, acompañado por Ricardo Weyll y el abogado en Lima de la empresa, José Allemant, se reunieron en la Fiscalía con Jorge Ramírez y Rafael Vela en el despacho de este fiscal superior.
Los ejecutivos de Odebrecht, de acuerdo con fuentes de IDL-R, le indicaron al fiscal y al procurador que, en la actual situación de crisis de la empresa, supervigilada por un juez y con una Asamblea de Acreedores, su inversión inmovilizada en el abortado proyecto Gasoducto del Sur, era, por su millonaria dimensión, vital dentro del plan de concurso de pagos judicial con los acreedores de la compañía.
Por eso, dijo Bautista, la compañía no podía permitir que prescriba el plazo de ejercitar el derecho de arbitraje ante el CIADI. Añadió que la compañía no quería plantear demanda de arbitraje al Estado peruano, pero que si dejaba que prescriba su derecho, ello representaría una grave violación de los deberes fiduciarios y de diligencia de los administradores de la empresa.
La solución, comentó Rogeiro Bautista, era que la compañía y Estado peruano suscribieran un documento pidiendo postergar el plazo de prescripción, sin afectar ninguno de los derechos de ninguna de las dos partes.
El mismo día, Jorge Ramírez envió un oficio al secretario del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Jim Mijichich, informándole que Graña y Montero había desistido –el 27 de diciembre– de presentar una demanda arbitral ante el CIADI; y que al día siguiente asistiría a una reunión en el ministerio de Energía y Minas “en la que participarán funcionarios del referido ministerio y directivos de la empresa Odebrecht, con el fin de abordar aspectos relacionados a dicho proyecto, por ser de interés de esta Procuraduría el eventual pago de la reparación civil, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz con dicha empresa”, indicó Ramírez en el oficio.
JUEVES 9 DE ENERO
cerca de las 9 de la mañana, tuvo lugar la reunión en el ministerio de Energía y Minas. Participaron los ejecutivos de Odebrecht Rogeiro Bautista, Mauricio Cruz, Ricardo Weyll y un abogado de la compañía, Ricardo Escobar. En la contraparte estuvo el procurador ad-hoc Jorge Ramírez, el entonces ministro Juan Carlos Liu acompañado por unos 5 funcionarios del ministerio.
Al inicio de la reunión, según recuerda Ramírez, este indicó que su “único interés [el de la Procuraduría] era ver el tema de la reparación civil, … actuando dentro del marco del proceso de colaboración eficaz. Que era de público conocimiento que la empresa había firmado un acta de culpabilidad. Y que todo lo relacionado al aspecto contractual del proyecto Gasoducto Sur era de competencia del ministerio de Energía y Minas”.
Después de lo cual el ministro Liu pasó a explicar el estado actual del proyecto.
Los representantes de Odebrecht, a su turno, indicaron que la empresa matriz de Brasil estaba en un proceso de “recuperación judicial” de sus deudas, ante sus acreedores; y que, si no se llegaba a una mejor solución, no les quedaba alternativa de activar el arbitraje, so riesgo de incumplir con sus acreedores.
Reiteraron que el interés de la empresa era llegar a una solución, pero por el plazo cercano de prescripción, se hacía necesario firmar con el Estado un acta para suspender el plazo de prescripción. Indicaron que sería ideal firmar un acta corta, de una o dos páginas.
Lo funcionarios del MEM dijeron, que entendían la urgencia, pero que ese tema no le correspondía a ese ministerio.
Al final de la reunión, de acuerdo con Ramírez, el ministro Liu le dijo que iba a hablar directamente con la ministra de Economía, María Antonieta Alva.
Poco después, dice Ramírez “… recibí la llamada del despacho de la ministra de Economía y me citó para una reunión en la noche, en su despacho”.
“Yo voy a la reunión con la ministra estaba ella con sus asesores. La ministra me preguntó de qué trataba el tema. Me sorprendió que no estuviera al tanto del tema. Me refirió que el ministro la había llamado. Le informé de la reunión de la mañana con el ministro y los ejecutivos de Odebrecht. Le dije que había una propuesta de Odebrecht que consistía en postergar seis meses el plazo de prescripción. Le mostré el borrador del acta [que los ejecutivos de Odebrecht llevaron a la oficina de Ramírez esa tarde], y me la devolvió para que se la entregue al ministro de Energía y Minas. Le dije que ese era un asunto que tenían que evaluarlo entre los ministros, que no era un tema de mi competencia, y que mi interés era respecto al pago de la reparación civil ante una eventual venta de los remanentes del proyecto. Los asesores de la ministra dijeron que eso era de competencia de la comisión especial liderada por Ricardo Ampuero, que estaba de viaje. Ella me dijo que lo iba a transmitir a la comisión especial para su evaluación”, relató Ramírez. Según él, la reunión, el 9 de enero, duró unos 45 minutos.
IDL-R trató reiteradamente de contactar a la ministra de Economía. Al final esta mandó decir –a través de su encargada de comunicaciones, Doris Ramos– que no iba a declarar.
VIERNES 10 DE ENERO
En la mañana del viernes 10, el fiscal Rafael Vela recibió en la sala de reuniones de su despacho al procurador Jorge Ramírez y al representante de Odebrecht, Ricardo Weyll.
De acuerdo con fuentes de IDL-R, Weyll le entregó a Vela y a Ramírez el borrador del acta propuesta. En determinado momento, el fiscal y el procurador salieron de la sala de reuniones y fueron a la cercana oficina de Vela para hablar a solas, por teléfono, con Ricardo Ampuero, presidente de la Comisión Especial que representa a la República del Perú en Controversias Internacionales de Inversión.
Ampuero estaba en ese momento en París, aceptó que le correspondía ver el tema, pero que la compañía debía presentar un documento por escrito, de manera formal. Dijo que llegaría la próxima semana a Lima y que ahí podrían reunirse.
“Ampuero dijo que en este tema (pedido de ampliación de Odebrecht) tenía que hacerse un pedido formal. Odebrecht no presentó ningún pedido, solo presentó la demanda, porque se le vencía el plazo”, relató Ramírez.
En la semana siguiente, Ramírez, Vela y Ampuero se reunieron en persona para hablar de ese tema y sobre el caso del arbitraje presentado por Enagás ante el CIADI, debido a que estaba por vencer la contestación de esta demanda. La conversación quedó en nada.
IDL-R trató de contactar a Ampuero, sin éxito.
Pero hubo más: Antes del 21 de enero, fecha en que Odebrecht presentó la solicitud de arbitraje ante el CIADI, Jorge Ramírez se reunió, según relata, con el premier Vicente Zeballos a pedido de este. “Me reuní personalmente con el premier. Me pidió que le explicara lo acontecido. Le expliqué todo lo que he narrado, que Odebrecht todavía no había presentado la solicitud de demanda ante el CIADI. La posición del premier era que no se negociaba con delincuentes. En resumen, fue eso”.
¿No se negocia con delincuentes? Los gobiernos negocian todos los días con delincuentes. Eso se llama aquí ‘colaboración eficaz’ y ha sido y es la mejor arma para combatir con éxito el crimen.
MIÉRCOLES 22 DE ENERO
Al día siguiente de que Odebrecht presentara la solicitud de arbitraje ante el CIADI, Ruy Sampaio, director presidente de la corporación; y Rogerio Bautista, director jurídico de Odebrecht, enviaron una carta al fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato.
La carta indicaba que “la compañía ha intentado alcanzar un acuerdo con las autoridades del ministerio de Energía y Minas, así como con el ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de postergar la referida fecha de vencimiento/prescripción en iniciar negociaciones para solucionar la controversia”.
“Al no tener éxito en la gestión”, indica la carta, “la compañía no tuvo otra alternativa sino presentar la demanda arbitral ante el CIADI el 21 de enero de 2020. […] La empresa reafirma […] que no tenemos interés en litigar contra el Estado peruano y que continuamos totalmente dispuestos a encontrar conjuntamente con las entidades competentes del Estado una solución amigable que permita suspender el proceso arbitral y así avanzar en una agenda positiva con el Gobierno para un posible acuerdo que sea satisfactorio a todas las partes”.
Poco después, salieron a la luz los detalles de la petición de Odebrecht al CIADI, arrancó la desinformación, empezó el desesperado juego del gran bonetón, que se transformó poco después en el de las sillas musicales, buscaron convertir al procurador Ramírez en chivo expiatorio, el gabinete asustado entró velozmente en la crisis que había desatado y en medio de caídas y resbaladas en serie, confirmó que para gobernar se necesita aquello que con frecuencia falta: sentido común y un mínimo de coraje.
