Por: ÁNGEL ALBERTO ROJAS ROSALES
Bastó que el Poder Judicial dictara prisión preventiva para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por un plazo de 36 meses por el caso Odebrecht, para que el presidente Martín Vizcarra se entrometa una vez más en los fueros del Ministerio Público y del Poder Judicial, para lo cual “invocó un acto de reflexión” en torno a la aplicación de esta medida cautelar, la misma que a decir del mandatario, se ha desnaturalizado al punto de que esta se viene aplicando como regla general cuando su naturaleza es de excepcionalidad.
En ese sentido, la congresista Luciana León del APRA anunció la presentación de una iniciativa legislativa con miras a modificar el artículo 418° del Código Penal referente al delito de Prevaricato; del mismo modo se busca limitar de manera específica el tercer presupuesto material de la Prisión Preventiva, modificándose para tal efecto los artículos 269° y 270° del Código Procesal Penal en lo concerniente al Peligro de Fuga y al Peligro de Obstaculización, específicamente los términos en que esta medida cautelar se aplicaría.
Asimismo se modificaría el artículo 272° del mismo cuerpo normativo en lo que corresponde a la duración de dicha medida, estableciéndose una duración hasta de seis meses para casos sencillos, hasta los nueve meses para los casos más complejos y para los procesos de criminalidad organizada su duración iría hasta los dieciocho meses; y por último se busca establecer penas de entre 6 y 10 años de prisión para los jueces y fiscales que apliquen y soliciten dicha medida restrictiva de la libertad sin exponer en sus resoluciones los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen su accionar.
De lo señalado por el presidente Vizcarra se puede concluir que existiría un interés racial y no racional por la decisión adoptada, al margen de que el “invocar a la reflexión” al Ministerio Público y al Poder Judicial implicaría una intromisión en la autonomía de estas instituciones, violentándose de esta manera el Principio de Separación de Poderes que rige el funcionamiento del Estado peruano, por lo que es de presumir que tras bambalinas se pretenda un Heil Hitler incondicional por parte de dichas instituciones, mientras que de boca para afuera se pregona por calles y plazas que el actuar del gobierno se circunscribe dentro de los cauces democráticos.
Entonces, ante el evidente interés gubernamental, los cuestionamientos ciudadanos cobran legitimidad, resultando válido preguntarse: ¿A qué se debe la súbita preocupación por el accionar del Ministerio Público y el Poder Judicial en torno a la aplicación de esta medida contra PPK?, ¿Es que PPK es intocable?, ¿Y la lucha contra la corrupción?, ¿Se olvidaron de ella?, ¿Por qué no se levantó la voz de protesta cuando se impuso prisión preventiva a Keiko Fujimori, Ollanta o Nadine?,
¿Es que la lucha contra la corrupción es selectiva en función a los enemigos políticos?, ¿Por qué el gobierno no observa la misma preocupación por los miles de ciudadanos que se encuentran purgando Prisión Preventiva en las más inmisericordes condiciones?, ¿O es que existen ciudadanos de segundo orden en nuestro país?
En fin, los cuestionamientos son legítimos, pero por el momento sin respuesta expresa, sin embargo, nadie puede negar el doble rasero con el que se estaría actuando desde las esferas gubernamentales en relación a sus “enemigos políticos”, lo que para bien o para mal nos hace recordar al dictador Juan Domingo Perón, quien en su oportunidad señalara, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
Pero al margen de la indignación ciudadana, debo de señalar que la solución a tremendo despropósito de naturaleza jurídica no pasa por la dación de una ley, sino que esta debe darse en el marco de la aplicación correcta de la norma, y para ello, los operadores del Derecho deben ser objeto de una rigurosa capacitación técnico jurídica, tal y como lo hacen, por ejemplo, en el Reino de España, en donde los mejores estudiantes de las Escuelas de Derecho de las distintas universidades españolas son capacitados por un espacio de dos años en una especie de Academia de la Magistratura, recibiendo una rigurosa instrucción en los más diversos ámbitos del derecho y otras ramas del saber, para que luego de egresar se encuentren en condiciones de aplicar la norma jurídica de manera correcta, ya sea como Fiscales o Jueces; pero mientras eso no suceda, tendremos magistrados que por ejemplo se parcialicen con una de las partes del proceso al mejor estilo del Juez Concepción Carhuancho, o peor aún, se esgriman fundamentos sumamente cuestionables como que PPK merece la Prisión Preventiva porque tiene dinero, o como que su chofer también la merece, pero por no tenerlo.
Como nota a pie de página, debo de señalar que afortunadamente la gran mayoría de jueces y fiscales ejercen su función de manera correcta, siendo unos pocos los que comprometen al sistema judicial en virtud de su cuestionable accionar, por lo que en el proceso del reproche moral que realiza la sociedad contra sus autoridades, mal se hace en poner a todos en un mismo saco, pero que de alguna manera ello es comprensible dada la coyuntura política y social por la que atraviesa el país.