El COVID-19, no solo está revelando los efectos desbastadores en la salud, sino también en la destrucción de las economías locales de todas las regiones. Casi todas las actividades económicas están en riesgo de colapsar sino logramos alineamos todos, con la consiguiente secuela en el desempleo y el surgimiento de la delincuencia.
Las medidas del gobierno para la reactivación económica -a través de los decretos de urgencia- no alcanzan para todos, lo cual exige medidas complementarias de parte de los gobiernos regionales y locales que se adapten a las realidades y particularidades de cada región. La economía informal en las regiones llega en promedio al 70% y brinda empleo a más del 60% de la población. Esta es una cruda realidad que se debe afrontar y que hasta ahora nadie lo está tomando en cuenta.
El gobierno ya no puede seguir manejando desde Lima un problema tan complejo como el COVID-19 que está destruyendo, no solo la salud de las personas, sino también su economía familiar. El éxodo de los provincianos hacia sus regiones, como la última tabla de salvación a la crisis que están viviendo en Lima, es un indicador de lo que está sucediendo. La estrategia del gobierno puede fracasar si los gobiernos regionales y locales no se compran el pleito y desarrollan iniciativas integrales complementarias a las dictadas por el gobierno central.
Desde esta modesta columna de opinión lanzamos algunas líneas de acción que pueden servir para ir construyendo una propuesta de reactivación de las economías locales en cada una de las regiones, que lejos de ser contrarias a las dictadas por el gobierno central, son complementarias y apuntan a fortalecer la estrategia nacional, pero vista como aporte de las regiones.
La creación de un Fondo de Reactivación económica descentralizado con aportes de los gobiernos locales, gobiernos regionales y la gran empresa privada orientada a las MYPES que no logran calificar por los fondos creados por el gobierno. Cada provincia y distrito, de cada región, se encargará de evaluar y de ejecutar los préstamos a cada una de las MYPES de su jurisdicción.
Los fondos deberán estar dirigidas a las unidades económicas que han sido afectadas por la pandemia. Se propone además la creación de un Fondo Rotatorio para el incentivo a la formalización y conformación y/o fortalecimiento de las asociaciones de comerciantes y prestadores de servicios informales que permitan mantener por lo menos una economía de sobrevivencia de estos segmentos de la población.
Lo señalado implica que el gobierno autorice por única vez el uso de fondos del canon minero hasta el 25%, además de reconvertir el Programa Procompite en Proreactiva, de manera que se pueda contar con recursos suficiente para lograr una cobertura mayor de unidades económica y pueda evitar su quiebra.
Hoy más que nunca requerimos de una gran cohesión social para que cualquier iniciativa tenga el éxito esperado. No hay espacio para la confrontación política, ni para una oposición que por más razones que tenga, no nos lleva a ninguna parte.