POR: ÁNGEL ALBERTO ROJAS ROSALES
Teniendo como corolario la problemática que se viene suscitando en la región Apurímac entre los comuneros de Fuerabamba y el proyecto minero Las Bambas, y en medio de ellos un gobierno arrinconado por una turba radicalizada y exacerbada por terceros ajenos al conflicto social, se hace necesario poner en blanco y negro, algunas de las cifras en relación a los conflictos sociales activos que se vienen generando en el país, y en particular en la región Moquegua, de acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo a Diciembre del 2018.
Desarrollado este marco, se hace necesario precisar cuál es GRADO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN MOQUEGUA, por lo que a continuación se detallan los mismos, cuyos estados son preocupantemente activos:
(1) Conflicto social de tipo socio ambiental, que data desde Enero del 2012, cuyo caso radica en que las autoridades regionales, locales, agricultores, representantes del Frente de Defensa del Distrito de Torata y organizaciones sociales de Moquegua, reclaman a la empresa Southern Perú una compensación por los impactos ambientales generados por la explotación de yacimientos, entre ellos Cuajone; (2) Conflicto social de tipo socio ambiental, el mismo que data desde Julio del 2016, cuya problemática gira a raíz de que la población de Ilo exige a Petroperú el cumplimiento del plazo para la reubicación de sus instalaciones, una indemnización por los impactos ambientales negativos que presuntamente han generado, la ejecución de obras en beneficio de la provincia, entre otros; (3) Conflicto social de tipo socio ambiental, que data desde Junio del 2017, cuyo problema gira en torno a que los pobladores de la comunidad de Pachas denuncian la contaminación ambiental del río Coralaque por parte de la empresa Minera Aruntani S.A.C.; (4) Conflicto social de tipo socio ambiental que data desde Octubre del 2017, cuyo problema se da en torno a que la comunidad de Torata denuncia la contaminación del recurso hídrico por parte de la empresa minera Southern Perú, además de ocasionarles perjuicios económicos por la afectación de la agricultura. Cuestionan del mismo modo a la Autoridad Administrativa del Agua por la emisión de la Resolución Directoral N° 1119-2017-ANA/AAA C-O, que autoriza a la empresa minera la ampliación del sistema de derivación del río Torata y la construcción de un canal de coronación del depósito de desmonte.
Pues como vemos, el nivel de conflictividad en Moquegua es alto, no solo por el número de casos, sino por lo sensible del problema que los origina como es el tema del medio ambiente para nuestra región, que por décadas viene sufriendo los estragos de la contaminación medio ambiental generados por las operaciones extractivas llevadas a cabo por las empresas mineras asentadas en nuestra región (Southern – Aruntani), por lo que se hace necesario e imperecedero que el Presidente Vizcarra, considerando los hechos suscitados en Apurímac, gire su mirada a esta su tierra, de tal manera que se adopten las medidas oportunas y necesarias para solucionar dichos conflictos, no debiendo esperar a que estos escalen hasta generar una crisis política que ni el gobierno ni la población quieren enfrentar, pero que llegado el momento, los moqueguanos tendremos el coraje y la experiencia necesaria para defender nuestros justos intereses, por lo que desde ya le decimos a nuestras autoridades, guerra avisada no mata gente.