Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes
Por los medios de comunicación se difunde una indignante injusticia perpetrada por el magistrado Jorge de la Vega Romero, juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, contra el ciudadano taxista Alberto Mamani Condori quien se encontraba en el Penal Ancón II, en aplicación de una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad de un año y tres meses, por el delito de Conducción en Estado de Ebriedad (no causó daños a terceros), el cual se cumplió el día 25 de febrero de 2020. Debió salir en libertad inmediatamente, previo cumplimiento de los trámites pertinentes por parte del Poder Judicial y el INPE. Sin embargo, permaneció, ilegalmente, preso hasta el día 20 de mayo de 2020, es decir, ochenta y cuatro días más indebidamente.
Mientras tanto en el mundo, se desata la pandemia del Covid-19. A inicios de marzo se detecta el primer caso de coronavirus en nuestro país; el Gobierno declara Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional (cuarentena), desde el 16 de marzo de 2020 a la fecha. El día 20 de mayo, Alberto Mamani siente fuertes dolores estomacales, lo llevan al Hospital Lanfranco La Hoz, de Puente Piedra, le detectan Covid-19; cuatro días después lo envían a su casa. Falleciendo el día 29 de mayo por Covid-19 que lo adquirió en el Penal, el pasado mes de mayo, por estar preso arbitrariamente, debido a la negligencia punible del juez De la Vega, quien recién el día 19 de mayo, remitió la sentencia para su inscripción al INPE, cuando debió hacerlo en febrero.
Si, este repudiable caso, hubiera acaecido en Estados Unidos, millones de norteamericanos hubieran salido a protestar contra el Poder Judicial; un fiscal Federal hubiera acusado al inhumano juez, éste con su insensible personal administrativo estarían detenidos.
¿Dónde estuvieron: la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura), la Fiscalía Penal de Turno, la Defensoría del Pueblo, las ONG de Derechos Humanos, su gremio?