#NACIONAL | El congresista de Acción Popular, Luis Roel Alva, presentó un proyecto de ley que plantea implementar un sistema nacional especializado en justicia constitucional, en busca de una mejor protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de la Constitución.
El legislador explicó que la iniciativa responde a un incumplimiento de la tercera Disposición Final del Código Procesal Constitucional que dictaminó, hace más de 20 años, la necesidad de contar con un sistema de justicia constitucional especializado.
A la fecha sólo existen 15 juzgados especializados y 2 salas superiores especializadas, dijo.
El objetivo del proyecto, añadió, es tener jueces, juzgados y salas superiores especializados en lo constitucional para que, en las instancias del Poder Judicial, exista una verdadera tutela y los ciudadanos no tengan que espera 6 a 8 años para que su caso llegue al Tribunal Constitucional
Roel Alva consideró que el Poder Judicial debe contar con la cantidad de jueces, juzgados y salas superiores especializadas en lo constitucional, para cumplir con la efectiva protección de la supremacía normativa de la Constitución y de los derechos fundamentales reconocidos en ella.
“Debemos recordar que los procesos constitucionales encargados de la protección de los derechos fundamentales, como son los procesos de habeas corpus, habeas data, amparo y cumplimiento se inician en las instancias del Poder Judicial y de resultar desfavorable en la segunda instancia judicial pueden recurrir al fuero del Tribunal Constitucional” explicó.
La propuesta plantea otorgar a cada entidad funciones específicas para hacer realidad el mandato normativo y establece que anualmente estos órganos den cuenta de sus avances al Congreso de la República en las comisiones de Constitución y Reglamento y Justicia y Derechos Humanos; y con ello, evitar fallos contradictorios y desprotección de los ciudadanos en las diferentes instancias de los procesos constitucionales.
Esta propuesta legislativa, precisó, no modifica o altera la competencia de los procesos constitucionales que se encuentran regulados en la Constitución y en las leyes de desarrollo constitucional, como el Código Procesal Constitucional.
Sin embargo, sí busca generar obligaciones específicas a cada entidad para hacer que la justicia constitucional sea efectiva en el país.